El
obispo de Málaga y presidente de la Comisión
de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española,
Antonio Dorado, cree que 'suena a amenaza'
la afirmación de la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández De la Vega, de que
irán a menos las aportaciones de los gobiernos a
la Iglesia.
Antonio Dorado consideró esas palabras como 'inoportunas'
y manifestó a Efe que no tiene 'nada que ver la financiación
o apoyo económico del Estado con llegar o no a un
acuerdo sobre la Ley de Enseñanza' y que son dos
asuntos 'tratados en capítulos distintos de los acuerdos
Iglesia-Estado'.
El obispo de Málaga precisó que 'el dinero
que se ofrece a la Conferencia Episcopal no procede
del Gobierno, sino de la sociedad que libremente
suscribe una cláusula poniendo 'sí' en la
parte que se detrae de los impuestos del pueblo'.
Sobre la afirmación de Fernández de la Vega
respecto a que la jerarquía católica no quiso
llegar a un acuerdo sobre la Ley de Educación, el
obispo malagueño discrepó y expresó
su extrañeza porque la Comisión Mixta
formada por la Conferencia Episcopal -a la que él
representó- y el Gobierno, 'se suspendió unilateralmente'.
Indicó que 'solamente hubo una reunión de
carácter general; después, sin saber porqué,
el Gobierno suprimió la comisión y se buscaron
otros cauces más reservados'.
Antonio Dorado explicó que 'no se llegaron a acuerdos
porque el Gobierno no admitía las principales reformas
u observaciones de la Conferencia Episcopal' y que no tiene
noticias de que se aceptaran trece propuestas de quince,
tal como ha dicho la vicepresidenta.
Añadió que 'ocurrió lo mismo con las
negociaciones de los representantes de la federación
española de centros concertados, que hasta
última hora trataron de agotar el diálogo,
pero fue imposible, ya que los asuntos centrales de las
conversaciones no fueron aceptados'.
También aseguró que 'algo parecido sucedió
con los profesores de Religión,
que agotaron las posibilidades' e insistió en que
'el hecho de que no haya acuerdo no se debe a la falta de
diálogo de la Conferencia de la Iglesia, sino a que
no han tenido en cuenta las observaciones fundamentales
que hacía'.
Dorado pidió al Gobierno, 'si fuera aún posible',
que 'tratase de dialogar en el límite que ponemos
de lo que se establece en el acuerdo Iglesia-Estado
y la Constitución' y precisó que
no piden 'un favor, exigimos lo que está recogido
en la Constitución y en los acuerdos internacionales
Iglesia-Estado'.
El obispo dijo que no quiere avivar la polémica,
sino 'buscar la actitud más sincera y dialogante
por todos', y cree que tras la 'masiva' manifestación
contra la reforma educativa, el Ejecutivo debe reflexionar
y 'ser sensible a las reclamaciones, no de un grupo
de obispos, sino de la sociedad sobre derechos que le corresponden,
no favores'.
El prelado, que volvió ayer de una peregrinación
en Israel, manifestó que la sociedad se manifestó
'por derechos que reconoce la Constitución' y que
los convocantes no fueron los obispos y,
'tampoco el PP, ya que habrá habido gente del PP
y de 40 partidos'.
