La Conferencia Episcopal, a través de su Comité Ejecutivo, ha manifestado en dos ocasiones su juicio claramente negativo sobre la legislación que se prepara en este momento y que supondría una corrupción tal del matrimonio en nuestras leyes, que esta institución vital e insustituible para las personas y para la sociedad dejaría de ser la unión de un hombre y de una mujer. Los obispos, en sus diócesis, han expuesto también la doctrina católica a este respecto de modo nítido y reiterado.

La sociedad, a través de diversas instancias, ha manifestado igualmente su rechazo de una legislación tan injusta y contraria a la razón. Entre las iniciativas sociales propuestas para la defensa de los derechos del matrimonio, de la familia y de los niños, una organización civil ha convocado a los ciudadanos a expresar su apoyo a estos derechos por medio de una manifestación convocada para el día 18 de junio en Madrid bajo el lema de “La familia sí importa”.

La causa es justa. Nos hallamos ante una cuestión de la mayor trascendencia moral y social que exige de los ciudadanos, en particular de los católicos, una respuesta clara e incisiva por todos los medios legítimos. Los fieles laicos responden adecuadamente al desafío planteado cuando hacen uso de sus derechos democráticos a expresar su desacuerdo manifestándose pacíficamente. Es un modo legítimo de cumplir con su deber al servicio del bien común.