Los Obispos miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, una vez conocido el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, se dirigen a las familias, a la comunidad educativa y a la opinión pública para informarles sobre la postura de la Iglesia Católica ante la nueva normativa propuesta ayer por el Gobierno y ante las consecuencias que de ella podrían derivarse.

En una primera valoración constatamos que algunos planteamientos del Anteproyecto pudieran conducir a cercenar la libertad de enseñanza consagrada por la Constitución Española, restringiendo seriamente la legítima autonomía y libre elección de centro, así como las garantías necesarias para el pleno desarrollo de su carácter propio.

Por lo que toca a la Formación Religiosa y Moral Católica, el Anteproyecto le da un tratamiento semejante al que le otorgaba LOGSE en 1990, es decir, la relega a una Disposición Adicional que se apoya solamente en el cumplimiento de los Acuerdos con la Santa Sede. En aquella ocasión la Conferencia Episcopal Española manifestó su disconformidad por considerar que, en este asunto, la LOGSE era insuficiente y no plenamente conforme con los Acuerdos mencionados, así como tampoco con la Constitución Española y las Declaraciones y Convenciones universales sobre Derechos Humanos y Libertades. Ahora ni siquiera se ha tenido en cuenta la legislación posterior, de 1994, promovida por el propio Partido Socialista, cuando desempeñaba también responsabilidades de gobierno.

Lamentamos que no se hayan tomado en consideración las propuestas que la Conferencia Episcopal Española presentó a la señora Ministra de Educación el pasado 21 de Diciembre de 2004. Son propuestas plenamente coherentes con la Constitución y demás textos jurídicos vigentes en nuestro Ordenamiento.

Nuestras propuestas, unidas a las presentadas por la casi totalidad de los profesores de Religión al Ministerio de Educación, y por numerosas instituciones educativas, así como a las que han firmado libremente más de tres millones de españoles, no pretenden ningún privilegio para la Iglesia, sino el cumplimiento de los preceptos constitucionales y del Acuerdo internacional entre la Santa Sede y España, votado mayoritariamente por el Parlamento español, y que constituye norma obligatoria para todos.

Atendiendo a los preceptos constitucionales que demandan el desarrollo pleno de la personalidad humana como finalidad de la educación (art. 27.1 de la Constitución Española) y las garantías necesarias para que los padres puedan elegir la educación moral y religiosa que responda a sus convicciones (art. 27.3) - en la actualidad el 80% piden Religión Católica - es necesario que la clase de Religión sea una asignatura con los derechos y deberes de cualquier otra asignatura fundamental, o lo que es lo mismo, en paridad de tratamiento con las demás áreas fundamentales. En otro caso, se infringiría el espíritu y la letra de la propia Constitución y de los mencionados Acuerdos.

Hemos de reiterar que han sido muchos los años en los que la enseñanza de la Religión ha estado sometida a una situación de precariedad curricular, a un cierto deterioro educativo y, desde luego, al desprestigio social desde la publicación de la LOGSE. No podemos admitir los proyectos que, para la enseñanza de la Religión Católica, ha anticipado la señora Ministra de Educación en cuanto a la ausencia de materias alternativas a la Religión que sean adecuadas y en cuanto al propósito de no computar la evaluación de esta enseñanza en ninguno de los casos previstos. Las consecuencias de estos proyectos pueden ser muy graves para la formación religiosa y moral de los alumnos.

Por otra parte, vemos con preocupación la creación de la nueva área de Educación para la Ciudadanía. La finalidad de esta materia y su obligatoriedad apuntan hacia una formación moral que impartirá el Estado al margen de la libre elección de los padres y que, por tanto, vulneraría el derecho que les garantiza a éstos la Constitución Española en su artículo 27. 3. Es igualmente muy probable que la imposición por parte del Estado de una determinada formación moral a todos los ciudadanos y a todos los centros educativos contradiga la libertad ideológica y religiosa que consagra el artículo 16. 1 de la Constitución.

En consecuencia, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española manifiesta su desacuerdo con la propuesta gubernamental sobre Formación Religiosa y Moral y con los otros aspectos mencionados del Anteproyecto. Al mismo tiempo, expresa, una vez más, su disposición al diálogo y su deseo de que la nueva Ley sea el fruto de un amplio acuerdo social y político en materia educativa. Es urgente la constitución y consolidación de un sistema escolar estable y no sujeto al vaivén de los cambios políticos. Todavía estamos a tiempo. Esperamos y deseamos que se aprovechen las oportunidades que habrán de ofrecerse para ello hasta la aprobación definitiva de la Ley. Ofrecemos nuestra sincera colaboración para el logro de dicho acuerdo, del que, sin duda ninguna, saldrá beneficiada toda la sociedad y, en particular, las generaciones más jóvenes.