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Agosto de 2004
El Gobierno socialista
ha anunciado que en el próximo mes de septiembre
remitirá a la Cámara de Diputados un proyecto
de Ley que equipare legalmente la unión de homosexuales
con el único y verdadero matrimonio: El de un varón
con una mujer, establecido por Dios en la naturaleza misma.
Se pretende con esta
medida dar cobertura legal a algo jurídica y moralmente
inaceptable, por irracional.
Es evidente que todo
ser humano, desde el momento mismo de su concepción
e independientemente de sus tendencias sexuales, posee una
dignidad personal inalienable que nadie puede ni debe menospreciar
o discriminar. Sin embargo, aunque todos tenemos idéntica
dignidad, no todos tenemos los mismos derechos. La naturaleza
del Derecho, precisaba Cicerón, ha de deducirse de
la naturaleza del hombre. Y si es distinta la naturaleza,
tanto física como psíquica, del varón
y de la mujer, también lo son sus derechos. De ahí
la complementariedad. Complementariedad que no existe en
la unión de un varón con otro varón,
o de una mujer con otra mujer.
No puede, portante,
haber matrimonio más que entre personas de distinto
sexo: entre una mujer y un varón. Es exigencia de
orden natural. No les asiste, por lo mismo, a dos personas
del mismo sexo derecho alguno a contraer matrimonio entre
ellas.
De ahí que
el Gobierno no deba reconocer este derecho inexistente,
ni dar soporte legal a algo que atenta contra la naturaleza
misma de la institución y contra el bien común
de la sociedad. Para el Comité Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal, "fabricar moneda falsa es devaluar la moneda
y poner en peligro todo el sistema económico"
(15.7.2004).
Nunca podrá
reducirse el amor dentro del matrimonio al sexo o al trueque
de favores. Institucionalmente el matrimonio es la unión
corporal de la mujer y del varón como expresión
recíproca de un amor que cierra las puertas a toda
ruptura o eventualidad. Sólo él puede dar
plenitud a sus respectivas existencias, llegando a ser lugar
de amorosa acogida de nuevas vidas personales. Y sólo
en él los niños aprenden las dos virtudes
sociales más importantes, el amor al prójimo
y la justicia. Es difícil, por lo mismo, que otro
tipo de uniones unisexuales pueda contribuir a la perfección
de sus componentes. Al carecer de mutua diferencia sexual,
se verán privados de la natural complementariedad.
Por otro lado, ya
lo he recordado en otra carta anterior, en el caso de ofrecer
a estas uniones la posibilidad de adoptar hijos, "éstos
se verían privados del derecho fundamental de tener
un padre y una madre, con su respectiva contribución
psicológico-afectiva para la neta identificación
sexual de sus personas y, sobre todo, para su desarrollo
emocional, especialmente esencial en los años de
su niñez y adolescencia, de modo que, cuando falla...,
difícilmente puede suplirse".
El matrimonio y la
familia son, además, anteriores al Estado y constituyen
la base insustituible del crecimiento y de la estabilidad
de la sociedad. Tiene el Estado, por tanto, obligación
de protegerlos y promoverlos. Si equipara la unión
de homosexuales al matrimonio, está introduciendo
un peligroso factor de disolución de la institución
matrimonial y del justo orden social, que en nada contribuirá
a superar la alarmante crisis demográfica que venimos
padeciendo en nuestro suelo hispano.
En conclusión:
ante el anunciado propósito de nuestro Gobierno,
unimos nuestra voz a la de quienes quieren pulsar la alarma.
No sólo los católicos, sino cuantos quieran
dejarse conducir por la razón, han de reflexionar
a tiempo, y evitar que se promulguen en nuestro País
leyes atentatorias contra el verdadero y único matrimonio.
Es esta misma línea,
la reciente Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal Española recuerda directamente a los parlamentarios
católicos el deber que tienen de expresar su desacuerdo
con el proyecto de Ley que nos ocupa, votando en contra
del mismo (15.7.2004).
El Señor siga
llevándonos de su mano a todos.
Mons. Rafael Palmero
Ramos,
Obispo de Palencia
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