Discurso del Arzobispo Mons. D. Jean Louis Tauran a la LXXVIII Asamblea Plenaria

Discurso del Arzobispo Mons. D. Jean Louis Tauran a la LXXVIII Asamblea Plenaria

Señor Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Española,

Señores Cardenales,

Señores Arzobispos y Obispos,

Queridos hermanos y hermanas:

Es un honor para mí transmitirles el saludo del Santo Padre Juan Pablo II, el cual conserva un grato recuerdo de este País.  Él – como dijo la primera vez que tocó el suelo español – desde los primeros meses de su elección a la Cátedra de Pedro, pensó con ilusión en un viaje apostólico a España y, después de 1982, ha vuelto en otras tres ocasiones, siempre «atraído por una historia de fidelidad a la Iglesia y de servicio a la misma», que, «a pesar de las lagunas y errores humanos, es digna de toda admiración y aprecio» y debe «servir de inspiración y estímulo (…) a proseguir y mejorar en el futuro» (Madrid, 31-10-1983).  Junto con su reiterado «gracias», les hago partícipes de su oración y de una particular Bendición apostólica para ustedes, para los sacerdotes, religiosos y religiosas, y para los fieles encomendados a su atención pastoral.

El Señor Secretario de Estado, Cardenal Angelo Sodano, me ha encargado también que les transmita su cordial saludo y sus mejores deseos.

Expreso mi más cordial felicitación al Emmo. Señor Cardenal Antonio María Rouco por su reelección como presidente de la Conferencia Episcopal Española, al nuevo Vicepresidente Mons. Fernando Sebastián Aguilar, a los miembros del Comité Ejecutivo y a los Presidentes de las distintas Comisiones Episcopales. Les deseo mucho acierto y éxito en el desempeño de sus funciones para bien de la Iglesia en España.

Afirmar que me alegro de encontrarme en España es decir poco, ya que vuelvo después de … 42 años.  En efecto, mi primera visita se remonta al lejano 1960, cuando viajé en coche con mis padres, desde Bordeaux, mi ciudad natal, que ha mantenido siempre numerosos vínculos con este País.

Hoy encuentro una España completamente cambiada, diferente; una España que, a través de un proceso de evolución social, económica y política, ha sabido tomar el tren de la modernidad y tener su propio lugar en Europa.

A todo ello no es ajena la Iglesia española.  Ustedes lo han recordado oportunamente en el documento La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, dando gracias por ello al Señor, como por un don recibido: «El Concilio – han escrito –  trajo consigo una honda renovación interna de la vida de la Iglesia (…).  Para nosotros fueron en su momento particularmente significativas las nuevas perspectivas que la renovación conciliar abrió en el campo de la relación de la Iglesia con el mundo, con la autoridad civil y sobre la libertad religiosa. Estas perspectivas conciliares propiciaron la aportación de la Iglesia a la transición pacífica a la democracia» (n. 5).

Ustedes, por su parte, han procurado siempre, tanto individual como colectivamente, aplicar esta doctrina conciliar, favoreciendo la participación evangélicamente responsable de los fieles en la vida política, «lo cual incluye también la vocación para el servicio público y la función política como muy propia del cristiano y digna del reconocimiento y del respeto general», como ha puesto de relieve recientemente el Señor Cardenal Presidente de esta Conferencia Episcopal (Discurso de apertura de la LXXXVI Asamblea plenaria, Madrid 23-4-2001).

Asumiendo en este primer semestre del 2002 la presidencia de turno de la Unión Europea, este País sabrá ofrecer una aportación preciosa y cualificada en la construcción de la «casa europea», en la unificación progresiva de Europa y en su ampliación, así como también la explicitación de los objetivos y de los valores sobre los que debe basarse este proceso, compartiendo plenamente su larga tradición histórica; su rico patrimonio cultural; el equilibrio entre unidad y diversidad que lo caracteriza, incluso en la búsqueda de modalidades organizativas cada vez más adecuadas, que permitan la valorización de una sin perjudicar a la otra; la fuerza del crecimiento económico; la confianza en el futuro. 

Espero vivamente que no conseguirán debilitar o extinguir esta confianza realidades trágicas como la violencia y el terrorismo, que en ningún caso puede ser justificado, aceptado o tolerado, y que la Iglesia en España ha condenado «en todos los lugares de la geografía y en todas las épocas de la terrible historia del fenómeno» (Card. Rouco,  Presentación  de  La  Iglesia  frente  al terrorismo de ETA, BAC, p. XV), y otras realidades asimismo preocupantes, como la crisis demográfica actual, cuya superación exige, entre otras cosas, un firme y permanente apoyo de todos a la familia fundada en el matrimonio.

Al venir aquí como Secretario para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de la Santa Sede, en estos días he tenido ocasión de tratar de manera más profunda con mis interlocutores sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Me parece que, en la Europa de hoy, es necesario definir mejor el lugar que los sistemas constitucionales reservan a las Iglesias. 

En efecto, estamos ante el afianzamiento de aquella tendencia que quisiera «privatizar» cada vez más a las Iglesias y transformar la libertad de religión en una especie de tolerancia aséptica. Se argumenta que cada uno es libre de hacer lo que quiera y, por consiguiente, puede adherir a una fe, profesar determinadas convicciones religiosas, pero lo importante es que… esto no se vea públicamente.  El equívoco de fondo, que no puede ser aceptado ni por los creyentes ni por los no creyentes, es reducir la libertad religiosa al ámbito exclusivo de la conciencia personal – por lo cual, ordinariamente, se habla de religión como de un «asunto privado» – y considerar a la Iglesia del mismo modo que cualquier organización no gubernamental.

En definitiva, se trata de responder a dos cuestiones: ¿cómo las religiones se adaptan a las libertades? y ¿cómo las sociedades se adaptan a las religiones?

No es nada fácil para los poderes públicos tomar en consideración el sentimiento religioso.  Es más, muchas veces perci
ben casi como un desafío las exigencias morales y sociales que derivan de aquel sentimiento.                                                                                                     

Sin embargo, la dimensión espiritual del hombre no es asunto banal.  Todos, creyentes y no creyentes, buscan una respuesta a los interrogantes fundamentales de la existencia y cultivan determinados valores y significados primordiales para el hombre, como la verdad  y  el  amor,  la  igualdad y la justicia, el sentido del sacrificio y del dolor, el porqué del vivir y del morir.  Ninguna sociedad civil, ningún responsable político puede eximirse de tener en debida consideración la relación del individuo con lo Trascendente.

Por otra parte, el acto de fe, personal y libre, debe poder manifestarse externamente y expresarse públicamente.  El Santo Padre Juan Pablo II, en el documento sobre la libertad religiosa enviado a los Jefes de Estado de los Países que firmaron el Acta final de Helsinki, el 1º de septiembre de 1980, observa: «… la libertad religiosa se expresa mediante actos que no son solamente interiores ni exclusivamente individuales, dado que el ser humano piensa, actúa y comunica con los demás; la ‘profesión’ y la ‘práctica’ de la fe religiosa se expresan a través de una serie de actos visibles, tanto personales como colectivos, privados o públicos, que son el origen de una comunión con las personas de la misma fe y establecen un vínculo de pertenencia del creyente a una comunidad religiosa orgánica».  Con otras palabras, ¡no se puede pensar en una libertad de religión vivida en la clandestinidad!

Después del Concilio Vaticano II y en la línea de la mencionada Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la libertad religiosa para la Iglesia católica es un derecho clasificado entre los derechos civiles que, como los económicos, sociales, culturales, etc., derivan de la dignidad inherente a la persona humana y son esenciales para su desarrollo libre e integral.         

Sobre la importancia del derecho a la libertad religiosa nunca se ha dicho bastante.  Son suficientes a este respecto algunas palabras del Papa, en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1988: «El derecho civil y social a la libertad religiosa, en la medida en que alcanza el ámbito más íntimo del espíritu, se revela

Un punto de referencia y, en cierto modo, llega a ser un parámetro de los demás derechos  fundamentales» (n. 1).  La libertad religiosa es fundamento de las otras libertades, es, por así decir, «como su razón de ser».

El papel del Estado, por tanto, no puede reducirse a una simple tolerancia, sino que debe inspirarse en el reconocimiento, el respeto y la justa valorización de un fenómeno que lo supera, ya que afecta a una dimensión innata de la persona, a su esfera más íntima y, por consiguiente, a lo «universal» del espíritu humano.

Por lo que atañe a la Iglesia católica en España, la libertad religiosa encuentra también su aplicación y regulación a través de los Acuerdos bilaterales entre la Santa Sede y el Estado español.  Es particularmente elocuente la circunstancia de que los mismos constituyan como la inauguración de la «diplomacia concordataria» del Santo Padre Juan Pablo II, que los estipuló el 3 de enero de 1979, apenas dos meses después de su elevación al Pontificado.

Tales Acuerdos son un instrumento de derecho internacional, debidamente incorporado en el ordenamiento interno, que tienen como objetivo dar seguridad a la Iglesia en su vida y en su actividad.  En efecto, le reconocen «el derecho de ejercer su misión apostólica» y garantizan «el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio» (Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, art. 1). 

Dichos Acuerdos, además, reconocen el justo lugar del catolicismo en la sociedad española actual.  Para definir este lugar se pueden hacer consideraciones de tipo histórico, pero también hay motivos de estricta actualidad.  En efecto, no obstante los profundos y radicales cambios acaecidos en el País, la Iglesia no ha perdido la confianza de la gente: «La Iglesia es la autoridad moral más escuchada y más atendida entre nosotros. Aunque nos critiquen, aunque nos marginen en muchas cosas, el pueblo sabe que en el fondo hablamos honestamente, que queremos su bien y que lo que decimos está inspirado en la palabra de Dios, en el mensaje pacificador del Evangelio de Jesucristo, en un deseo sincero de servir al pueblo y de ayudarles a procurar  su  proprio  bien»  (F. Sebastián Aguilar,  La conciencia cristiana ante el terrorismo ETA, en La Iglesia frente al terrorismo de ETA, BAC, 812). Constatación alentadora y exigente al mismo tiempo, pero que no puede dejarse de tener en cuenta.

Podría ser útil mencionar también el hecho de que la estipulación de Acuerdos internacionales ha marcado en todas las épocas el camino de la Iglesia en la historia, pero ha recibido un nuevo impulso después de la caída del Muro de Berlín. Me refiero a los numerosos Acuerdos firmados con los Estados de la Europa centro-oriental, relativos a la vida de la Iglesia en aquellos Países: Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Kazajstán, Países Bálticos y Polonia.  O bien los Países en vías de firmarlos: Albania y República Checa.  Tampoco hay que olvidar, en Medio Oriente, los Acuerdos con Israel y con la Organización para la Liberación de Palestina; y con Gabón, en África.  Al confirmar la validez del elemento religioso como patrimonio insustituible de poblaciones y comunidades – las mismas que durante decenios habían sido privadas del derecho fundamental a la libertad religiosa – tales entendimientos representan la evidente voluntad de colaborar, con eficacia, a la salvaguardia y promoción de valores y sentimientos comunes, considerados esenciales en la ordenada convivencia social.

De ello deriva, volviendo a nuestro caso, que los Acuerdos tienen ciertamente como objetivo el bien de la Iglesia misma, pero tampoco es extraño a sus finalidades un mejor servicio al bien común de todos los españoles. La Iglesia – sigue repitiendo el Santo Padre – «no olvida que su misión es esencialmente religiosa, y se cuidará muy bien de inmiscuirse en cuestiones de orden estrictamente político.  Pero precisamente en virtud el Evangelio, del que Cristo la hizo mensajera en el mundo, tratará de ofrecer su aportación con la presencia activa de sus instituciones y, sobre todo, con su testimonio a favor de un humanismo verdadero que ponga a la persona humana, vista a la luz de Dios y considerada  en  todas  sus  dimensiones,   en   el   centro   de   cualquier   proyecto económico, social y político
» (Mensaje a la Nación albanesa, 25-4-1993).

Mi sincero deseo es que la opinión pública española sepa comprender esta correcta visión de la Iglesia y apreciar su valiosa aportación para una ordenada convivencia social y para el desarrollo espiritual y material de todos y de cada uno.

En este sentido, tienen particular importancia los medios de comunicación social, a cuyos representantes el Santo Padre, en su primer viaje apostólico a España, presentó el carácter de servicio de su profesión a la causa del hombre en su integridad y las «exigencias muy apremiantes de carácter ético» que ella comporta.

Sé que ustedes han dedicado a este tema una seria reflexión en la Asamblea Plenaria de noviembre de 2001, hablando sobre la «presencia y pastoral de la Iglesia en las comunicaciones sociales al inicio del nuevo milenio».  Animados por la exhortación del Señor, que el Papa nos ha recordado, «remar mar adentro» (Lc 5,4), es necesario afrontar colegialmente este reto actual, conscientes de que estos medios facilitan la extensión del anuncio del mensaje cristiano y de sus valores a todos los hombres, y permiten establecer un diálogo y un intercambio con el mundo de la cultura y con la sociedad en general.

Quisiera aprovechar nuestro encuentro para reiterar que la Santa Sede cree en la vigencia y en la validez de los Acuerdos. 

Éstos están inspirados con el propósito de favorecer las armoniosas relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, y la recíproca cooperación, evitando, lo más posible, ocasiones de discordia o de obstáculos, en un común compromiso de promoción y servicio a las personas, que son a la vez fieles de la Iglesia y ciudadanos del Estado.  Se ofrecen, pues, como instrumento de concordia y no de privilegio, porque no puede considerarse privilegio el reconocimiento de una realidad social de tan gran importancia, no sólo histórica, sino vivamente actual, como son, en España, la religión y la Iglesia católica,  sin con ello quitar nada de cuanto, en una sociedad pluralista, sea debido a los ciudadanos de otra fe religiosa o de distinta convicción ideológica. 

Es sobre esta base que la Santa Sede afirma y reitera la validez de los Acuerdos y exige que sean respetados.

Por otra parte, me parece que llegó a las mismas conclusiones el Simposio organizado por la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española, celebrado en octubre del 2000, a los veinte años de su firma, para «facilitar un mayor y mejor conocimiento de la naturaleza jurídica de los Acuerdos, del contenido de los mismos, del momento actual de su aplicación y desarrollo, y de los contenidos que están pendientes aún de una adecuada regulación».

Es obvio que el grado de aplicación de los Acuerdos no sea siempre y en todas partes el mismo, como se puso de relieve durante el mencionado Convenio, y que se exija, por tanto, un esfuerzo para superar lagunas y problemas heredados del pasado o que surgen en el presente, algunos de los cuales son de particular importancia, como la cuestión de la enseñanza de la religión en la escuela pública, área en la cual – como ustedes no dejan de señalar continuamente – el deterioro es evidente y progresivo.

A este respecto, no me queda más que formular el sincero augurio de que mi visita y las conversaciones que he mantenido estos días con las Autoridades de este País puedan contribuir a hacer cada vez más fecunda la colaboración existente entre la Iglesia y el Estado, y favorecer la rápida y satisfactoria solución de cuestiones abiertas, que consideramos importantes, para un eficaz desarrollo de la misión de la Iglesia y un mejor servicio a las personas y a la sociedad española.

Es esencial hacer comprender a todos que la Iglesia no hace la competencia al Estado y no quiere aparecer como tal.  En este sentido la comunidad cristiana no pretende presentarse como sociedad contrapuesta a la sociedad civil, sino que desea ser considerada y valorada siempre como un partner fidedigno, con el cual se pueda colaborar para el bien temporal y el crecimiento espiritual de las  personas  y la armoniosa convivencia social.  Se  trata, según las palabras de Jesús, de ser sal del mundo y levadura en la masa (cf. Mt 5,13; 13,33), con el estilo que nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, con cuyas expresiones me gusta concluir estas mis breves, pero sentidas y espero útiles, reflexiones: la Iglesia «considera con gran respeto todo lo verdadero, bueno y justo que se encuentra en las variadísimas instituciones que el género humano ha fundado para sí y continúa fundando sin cesar».  Ella «quiere ayudar y promover todas estas instituciones, en la medida que esto dependa de ella y pueda conciliarse con su misión. Nada desea más ardientemente que poder desarrollarse libremente al servicio del bien de todos bajo cualquier régimen que reconozca los derechos fundamentales de la persona y de la familia y los imperativos del bien común» (Gaudium et spes, 42).