Normativa

Sistema de Asignación Tributaria

El acuerdo del 3 de enero de 1979 entre la Santa sede y el Estado español establece el compromiso del Estado de colaborar con el adecuado sostenimiento de la Iglesia católica, estableciendo un sistema de Asignación Tributaria.

Mediante la disposición adicional 18ª de la Ley 42/2006 del 28 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, se establece el nuevo sistema de Asignación Tributaria, vigente desde 2007, por el cual la Iglesia ya no recibe cantidades con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para su sostenimiento básico, desapareciendo así lo que se conoce como complemento presupuestario.

De este modo, la Iglesia ya no recibe cantidades con cargo a los presupuestos Generales del Estado para su sostenimiento básico, sino que los ciudadanos que lo deseen pueden decidir que el 0,7% de su contribución se destine a las necesidades de la Iglesia, marcando la X a favor de la Iglesia católica en su declaración de la renta. Este hecho es de una gran importancia puesto que, de este modo, el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de las aportaciones de los fieles a través de las distintas formas establecidas para ello (IRPF, donativos, etc.) Leer más.

Procedimiento de liquidación de la Asignación Tributaria a la Iglesia Católica

Orden EHA/2760/2008, de 25 de septiembre

Intercambio de Notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación referidas a los acuerdos sobre asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica

La Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comunican que en el día de hoy se han intercambiado sendas Notas referidas a los acuerdos alcanzados en relación con la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica y con la renuncia, por parte de la Iglesia, a la exención del IVA y su correspondiente compensación.

De este modo, ambas partes expresan su conformidad sobre la interpretación de lo pactado entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno español, en el marco de lo previsto en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, celebrados entre el Estado español y la Santa Sede.

A continuación se transcribe la Nota Verbal remitida por el Sr. Nuncio de Su Santidad, en la que expresa la conformidad de la Santa Sede a la Nota Verbal enviada por el Sr. Ministro.

“Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de acusar recibo de su Nota de fecha 21 de los corrientes, cuyo texto transcribo a continuación:
Señor Nuncio Apostólico

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno de España, en relación con el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, celebrado entre España y la Santa Sede.

El Acuerdo estableció, en su art. II 1, el compromiso de España de colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa.

El mismo artículo II, que define los sistemas de colaboración financiera de España con la Santa Sede, prevé en sus párrafos 2 y 3 que el Estado puede asignar a la Iglesia Católica un rendimiento de la imposición sobre la renta siempre que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración correspondiente su voluntad acerca del destino de la parte afectada. Dicho sistema se habría de establecer a lo largo de un período transitorio en el que se produciría la sustitución progresiva de la dotación estatal global por la asignación tributaria (párrafo 4).

Por otro lado, el Acuerdo prevé en su artículo III que la Iglesia Católica estará exenta del pago de los impuestos “sobre el gasto o consumo”, en el marco de lo previsto en el propio artículo III y en el artículo IV. Dicha exención se aplica a operaciones realizadas por determinadas instituciones de la Iglesia Católica en España, entre ellas “la adquisición de objetos destinados al culto”. La referencia a los “impuestos sobre el gasto o consumo”, ha de entenderse hecha al IVA tras la implantación de dicho impuesto en España.

Como su Excelencia conoce, en el último año el Gobierno español, por una parte, y la Conferencia Episcopal española con el asenso de la Santa Sede, por otra, iniciaron conversaciones para acordar una solución satisfactoria al sistema de financiación de la Iglesia católica en España, incluyendo los temas relativos a la asignación tributaria y a las exenciones impositivas contempladas en el Acuerdo de Asuntos Económicos, en especial por lo que se refiere al IVA. En el marco de las mismas el Gobierno español ha propuesto que la compensación por la pérdida de la exención de IVA a favor de la Iglesia Católica, que es exigida por el Derecho comunitario oponible a España y debe ser compatible con las obligaciones fiscales que le corresponde al Estado en virtud del Acuerdo, sea incluida en el cálculo del porcentaje de asignación tributaria.Como resultado de estas negociaciones, el pasado 22 de septiembre de 2006, el Gobierno español anunció públicamente el compromiso verbal alcanzado con la Iglesia Católica en materia Económica, siendo confirmado el contenido de dicho compromiso por la Conferencia Episcopal española.

Los puntos básicos del citado compromiso son los siguientes:
a) sustitución del sistema de dotación presupuestaria por el de asignación tributaria
b) elevación del actual coeficiente de asignación tributaria al 0,7 por ciento;
c) desaparición de las actuales exenciones y no sujeciones de la Iglesia Católica al IVA;
d) compromiso de la Iglesia Católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y en el marco de lo previsto en el artículo VI del Acuerdo sobre Asuntos Económicos y en el apartado 2 del Protocolo Adicional al citado Acuerdo, tengo el honor de transmitirle la posición de mi Gobierno sobre la interpretación que en el futuro debe darse a los preceptos del Acuerdo sobre Asuntos Económicos antes mencionados:

1.- El Gobierno español se ha comprometido a la introducción en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de una Disposición Adicional que contempla el sistema de asignación presupuestaria, en desarrollo del artículo II, párrafos 2 y 3, del Acuerdo entre España y la Santa Sede. En virtud de la misma el coeficiente de IRPF se elevará al 0,7 % con carácter estable.

2.- Por su parte, la Santa Sede estima suficiente dicho compromiso para dar por concluido el proceso de sustitución de la dotación estatal, considerando que el porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7% del IRPF tiene carácter estable.

3.- La Santa Sede reconoce que la revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica recogida en la disposición adicional del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, lleva consigo la asunción parte de la Iglesia Católica de la sujeción al IVA en los términos previstos en la legislación comunitaria. Y considera que ello no produce ninguna lesión patrimonial a la Iglesia Católica en tanto se mantenga vigente el nuevo sistema de asignación tributaria acordado entre el Gobierno español y la Conferencia Episcopal española. Igualmente, la Santa Sede entiende que todas las exenciones que se hayan concedido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 y disposiciones que la desarrollen deberán mantenerse.

4.- Por su parte, el Gobierno español comunica a la Santa Sede que procederá a la derogación de la Orden Ministerial (Ministerio de Economía y Hacienda) de 29 de febrero de 1988, que aclara el alcance de la no sujeción y de las exenciones establecidas en los arts. III y IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos.

Mi Gobierno considera que lo arriba señalado, que recoge las negociaciones mantenidas y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y la Conferencia Episcopal española con el asenso de la Santa Sede, constituye una aplicación de lo previsto en el artículo II del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, insertándose en el mecanismo de consultas y concertación previsto en el artículo VI del Acuerdo para los casos en que surjan dudas o dificultades en la interpretación o aplicación del Acuerdo, así como en el párrafo 2 del Protocolo Adicional para aquellos casos en que se produzca un cambio sustancial en el sistema jurídico-tributario vigente en España.

Le agradeceré que, por su parte, esa Nunciatura Apostólica confirme que la misma interpretación es compartida por la Santa Sede. En tal caso, le propongo que, de estar conforme con la misma, la interpretación contenida en la presente Nota Verbal sea la aplicable por ambas partes en relación con el Acuerdo entre España y la Santa Sede a partir del día 1 de enero de 2007.

Al expresar la conformidad de la Santa Sede con el texto de la Nota transcrita, aprovecho la oportunidad para renovarle, Señor Ministro, las expresiones de mi más alta y distinguida consideración”.

Convenio entre la CEE y Transparencia Internacional

Convenio de colaboración entre la Conferencia Episcopal Española y Transparencia Internacional España

REUNIDOS

De una parte, D. José María Gil Tamayo, Secretario General de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con nombramiento vigente desde 20 de noviembre de 2013 y facultado para la suscripción del presente Convenio en virtud de lo previsto en los estatutos de la Conferencia Episcopal Española aprobados el 28 de noviembre de 2008.

Y de otra, el presidente de Transparencia Internacional España, D. Jesús Lizcano Álvarez, representante legal de dicha entidad según consta en los estatutos vigentes de esta asociación, inscrita oficialmente en el Registro Nacional de Asociaciones con fecha 2 de octubre de 2006 y número de registro 587830.

Ambas partes comparecen en nombre de las Instituciones a las que respectivamente representan, de modo recíproco se reconocen capacidad para formalizar el presente convenio y por ello

EXPONEN

PRIMERO. Con fecha 10 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo objeto es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las entidades privadas que reciben fondos públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

SEGUNDO. La Conferencia Episcopal Española está interesada en implementar una verdadera política de transparencia en su funcionamiento, que constituya un eje fundamental de su actividad, convirtiéndose de esta forma en un modelo de gestión transparente.

De esta forma, incluye un extenso catálogo de obligaciones de publicidad activa con las exigencias básicas estatales, facilita el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y establece instrumentos y medidas de fomento de la participación ciudadana.

TERCERO. Transparencia Internacional España (en adelante TIE) es una asociación constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y de sus normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

Entre los objetivos de TIE se encuentra el de desarrollar actuaciones que permitan propiciar de forma permanente y continuada el incremento del nivel de información y apertura informativa que las distintas instituciones públicas y/o privadas españolas generan para conocimiento de la ciudadanía.

TIE desea colaborar actualmente en la implementación de prácticas de transparencia en la CEE.

Por lo anteriormente expresado, las partes firmantes del presente convenio, al objeto de lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos, acuerdan someterse a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto la colaboración entre la Conferencia Episcopal Española y la entidad Transparencia Internacional España en favor de la finalidad común de lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de la CEE.

SEGUNDA. Compromisos de la Conferencia Episcopal Española.

  1. La Conferencia Episcopal Española se compromete por la firma del presente convenio a dotarse progresivamente de una política de funcionamiento más transparente y acorde a los estándares nacionales e internacionales en esta materia, a partir de la normativa vigente y con arreglo a las limitaciones derivadas de la misma.
  2. Igualmente, se compromete, conforme contempla el Anexo del presente convenio, a establecer medidas de transparencia y de apertura de datos que faciliten la rendición pública de cuentas de esta institución.

TERCERA. Compromisos de TIE.

TIE se compromete a realizar el control periódico y el asesoramiento necesario a la CEE para cumplir con altas cotas de calidad los objetivos establecidos por Transparencia Internacional, especialmente en todos los puntos relacionados en el Anexo de este convenio.

CUARTA. Comisión de seguimiento.

Para el seguimiento de la ejecución y desarrollo del presente convenio se crea una comisión de seguimiento, compuesta por cuatro miembros e integrada por dos representantes de cada una de las instituciones firmantes, de acuerdo con lo siguiente:

  1. Por parte de la Conferencia Episcopal Española: D. Fernando Giménez Barriocanal y Dña. Ester Martín Domínguez
  2. Por parte de TIE, D. Jesús Lizcano Alvarez y D. Beltrán Gambier.

La comisión se reunirá, al menos una vez al año y cuantas veces sea preciso para la buena marcha de la ejecución del convenio, a petición de cualquiera de las partes.

Corresponderá a la comisión de seguimiento velar por el correcto cumplimiento del convenio, impulsando la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para su desarrollo y ejecución.

QUINTA. Vigencia del convenio.

El presente convenio tendrá una duración de dos años a partir del día de su firma y será prorrogable mediante acuerdo expreso de ambas partes por igual periodo. Dicho acuerdo se materializará mediante documento conjunto suscrito por ambas partes.

SEXTA. Extinción del convenio y resolución anticipada.

El presente convenio se extinguirá por la expiración del tiempo convenido sin ser prorrogado.

Además, el convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:

  • a) Por mutuo acuerdo expreso de las partes.
  • b) Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del convenio.
  • c) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes, formulada con una antelación mínima de un mes a la fecha en que se quiera dar por finalizado el convenio.

SÉPTIMA. Protección de datos.

El cumplimiento de las obligaciones de este convenio se ajustará a las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo que corresponde a la confidencialidad de la información y los resultados, aplicando las medidas de carácter técnico, administrativo, informático y organizativo que resulten necesarias para cumplir los requisitos legales y, en particular, garantizando la seguridad e integridad de los datos y su protección frente a alteraciones, pérdidas, tratamientos o accesos no autorizados.

OCTAVA. Financiación.

De los compromisos asumidos por las partes como consecuencia del presente Convenio no se derivan de forma directa obligaciones económicas con repercusión presupuestaria.

NOVENA. Naturaleza y cuestiones litigiosas.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio y que no puedan resolverse por la comisión de seguimiento, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

De conformidad con todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado.

 

Madrid, 31 de mayo de 2016

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
D. José María Gil Tamayo

EL PRESIDENTE DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA
D. Jesús Lizcano Álvarez

 

ANEXO

COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La Conferencia Episcopal Española se compromete, de acuerdo con la normativa vigente y con arreglo a las limitaciones derivadas de la misma, a llevar a cabo las siguientes actuaciones dirigidas a aumentar el nivel de transparencia y apertura informativa de la propia Conferencia y de los órganos e instituciones dependientes de la misma:

  1. Dar a conocer públicamente los resultados de las Campañas de IRPF de Asignación Tributaria a favor de la Iglesia
  2. Ofrecer información económica sobre el destino de los fondos recaudados en la Asignación Tributaria de cada año.
  3. Poner en marcha el Portal de transparencia de la Conferencia Episcopal Española que ofrezca información sobre la Asignación Tributaria y otros posibles convenios nacionales gestionados por la Conferencia Episcopal.
  4. Elaborar y difundir la Memoria de actividades de la Iglesia católica en España que incluya información sobre las distintas actuaciones que, a nivel consolidado, realizan las instituciones de la Iglesia de nuestro país.
  5. Someter la Memoria de actividades de la Iglesia católica a un proceso de revisión por una de las grandes auditoras internacionales.
  6. Impulsar en todas las diócesis (70 diócesis) el portal de transparencia.
  7. Desarrollar una adaptación del Plan contable de entidades no lucrativas para las entidades religiosas (diócesis, parroquias, asociaciones, cofradías, hermandades…).
  8. Implantar, en una primera fase, una Oficina de rendición de cuentas para Fundaciones y Asociaciones religiosas de ámbito nacional.
  9. Desarrollar manuales de buenas prácticas para la Conferencia Episcopal, que puedan ser aplicadas en el ámbito diocesano.
  10. Dar los pasos necesarios para, un vez aprobado el Plan Contable, someter a auditoría contable las cuentas de la Conferencia Episcopal.