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¿Privilegios? Más bien derechos

En la era de las ‘fake news’ es muy común encontrar todo tipo de proclamas donde se acusa falsamente a la Iglesia de tener privilegios. Yo propongo un ejercicio: cambiemos el pa­radigma y miremos la situación desde otro punto de vista. ¿Cuá­les son mis derechos como ciuda­dano cristiano?

El derecho a la asistencia religiosa

La libertad religiosa y de cul­to es un derecho humano univer­sal, y la Constitución lo recoge en el artículo 16. Es, por tanto, obligación del Estado poner to­dos los medios a su alcance para garantizar la atención religiosa a enfermos y encarcelados, in­dependientemente de la religión que estos profesen. En virtud de esta obligación, Iglesia y Estado firmaron en su día dos acuerdos para garantizar el derecho a la asistencia religiosa católica en cárceles y hospitales.

El derecho a aportar al bien común

Únicamente con su labor cari­tativa en España la Iglesia asiste a más de cinco millones de per­sonas. Esta labor es posible gra­cias a los miles de voluntarios que ofrecen importantes cantida­des de tiempo y recursos. Todo ciudadano que colabore de esta manera tiene derecho a solicitar al Estado que la Iglesia tenga la misma consideración fiscal que todas aquellas organizaciones con una labor equiparable. Aso­ciaciones, fundaciones, federa­ciones, ONG… Instituciones sin ánimo de lucro que aportan al in­terés general con su labor, y que están reguladas fiscalmente por la Ley de Mecenazgo 49/2002. La Iglesia también se rige por esta norma en igualdad de con­diciones, sin privilegios.

El derecho a la libertad de educación

La educación libre es otro de­recho fundamental reconocido en la Constitución. El papel que el Estado se otorga es simple­mente un papel subsidiario: re­conoce el derecho de los padres a la elección y participación en la gestión de la educación de sus hijos. Esa subsidiaridad del Esta­do en la educación implica que debe ser la sociedad la que tenga la iniciativa en la oferta educa­tiva y sea el Estado quien debe llegar allí donde otros no llegan. Por tanto, la educación concer­tada por iniciativa de la Iglesia, cooperativas o empresas debería ser la norma. Tenemos el dere­cho de elegir la educación que queramos para nuestros hijos, y el Estado la obligación de garan­tizar ese acceso.

Libertad para elegir el destino mis impuestos

Que el Estado ofrezca posibi­lidades de elección del destino de mis impuestos es una buena no­ticia. La Asignación Tributaria a la Iglesia y a otros fines sociales, elección libre y voluntaria, es una sana práctica democrática. Incluso podría extenderse a otras áreas, abriendo a la decisión de todos el camino que debe tomar el desarrollo de nuestra socie­dad. De entre todos los modelos europeos, la Asignación Tributa­ria que tenemos en este país es la que más respeta la voluntad de sus ciudadanos. La Iglesia única­mente recibe dinero de la canti­dad que libremente han decidido los contribuyentes asignarle. El Estado no aporta nada más.

Que el Estado vele por el res­peto de los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos, sean minoría o mayoría, no de­bería ser objeto de discusión; sin embargo, se pone permanente­mente en cuestión el sano marco de colaboración entre la Iglesia y Estado, tachándolo errónea­mente de privilegio. De igual forma, es una obviedad que el derecho de unas personas está limitado por el derecho de otras; pero se pone en duda a diario la necesidad de respetar las creen­cias de todos, también las de los cristianos. Cristianos que, sin una explicación razonable, estamos siempre en el punto de mira de una sociedad que olvida que yo también tengo derechos: los derechos de ser ciudadano y cristiano.

CHEMA MARTÍNEZ-PRIEGO
CEO de Rommel & Montgomery


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2018-06-26T14:00:48+00:00jueves 21 junio, 2018|

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